La violencia de género mantiene en estado de alerta a la provincia de Salta. Con un incremento del 93% en las denuncias registradas por la Oficina de Violencia Familiar y de Género en comparación con 2016 y siete femicidios contabilizados en lo que va de 2026 —cifra que iguala el total de todo el año anterior en solo ocho meses—, el Senado provincial avanza en la prórroga por dos años de la Ley 7.857 de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género, cuyo vencimiento opera el próximo 8 de septiembre.
La iniciativa legislativa busca garantizar que el Poder Ejecutivo mantenga la facultad de reasignar partidas presupuestarias para sostener los servicios de asistencia, contención y protección a las víctimas. La urgencia del presupuesto propio se profundizó ante la interrupción en el envío de fondos por parte del Gobierno nacional para estas políticas públicas.
Cifras en aumento y demanda de asistencia
El impacto del fenómeno se refleja en diversos indicadores judiciales y de asistencia:
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Volumen de denuncias: Casi 3 de cada 10 denuncias ingresadas al Sistema Único de Denuncias corresponden a violencia familiar o de género. En la Unidad de Flagrancia representan un tercio del total, registrándose cerca del 40% durante la noche.
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Asistencia oficial: Durante los primeros ocho meses del año, el Servicio de Orientación, Contención y Asistencia alcanzó el 86% del total de intervenciones realizadas en todo 2025. De continuar la tendencia, la proyección anticipa un incremento interanual del 129%.
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Requerimientos judiciales: Las solicitudes remitidas por la Justicia superan en un 16% el acumulado de todo el año pasado, con una proyección que podría alcanzar un aumento del 70% al cierre del ejercicio.
Desigualdad territorial y capacitaciones
La situación en el interior provincial muestra debilidades estructurales: menos del 50% de las intendencias salteñas cuenta con áreas específicas de género, ya que en la mayoría de las comunas estas dependencias fueron reabsorbidas por las secretarías de Acción Social. Para mitigar esta fragmentación, se impulsa la creación de un Sistema Provincial de Acompañamiento Integral con referentes territoriales.
En materia de formación, durante 2026 se certificó a 640 personas bajo la Ley Micaela, con la previsión de incorporar herramientas de inteligencia artificial al proceso educativo y reforzar las capacitaciones a las fuerzas policiales como primer punto de contacto y auxilio ante emergencias.
